El Senado eleva a cinco los años que se podrá cotizar por el cuidado de hijos
- Este derecho sólo se reconocerá a uno de los progenitores
- En caso de conflicto, será siempre la madre a quien se le computen
- En total se han incorporado 18 enmiendas transaccionales a la reforma
- El texto debe volver ahora al Congreso de los Diputados
- En caso de conflicto, será siempre la madre a quien se le computen
- En total se han incorporado 18 enmiendas transaccionales a la reforma
- El texto debe volver ahora al Congreso de los Diputados
La Comisión de Trabajo del Senado ha aprobado esta noche el proyecto de ley de reforma de las pensiones, en el que ha incluido una enmienda transaccional que permite sumarse cinco años de cotización a las mujeres que hayan interrumpido su carrera profesional para el cuidado de sus hijos.
La enmienda ha sido pactada por todos los grupos presentes en la Comisión (PSOE, PP, CiU, Entesa Catalana de Progres, Senadores Nacionalistas y Grupo Mixto).
Se computará como período cotizado "la interrupción de la cotización derivada de la extinción laboral o de la finalización del cobro de prestaciones producidas entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres anteriores a la adopción o acogimiento permanente, y la finalización del sexto año posterior a dicha situación", según la enmienda.
Así, la duración de este cómputo como período cotizado será de 112 días por cada hijo o menor adoptado o acogido.
Dicho período se incrementará anualmente, a partir del 2013 (fecha en que entra en vigor la reforma) y hasta el 2018, hasta que se alcance el máximo de 270 días por hijo en el 2019.
Este derecho sólo se reconocerá a uno de los progenitores, que en caso de controversia siempre será la madre.
El PP vota en contra
A pesar de esta unanimidad en el refuerzo de la prestación por cuidados de hijos, la Comisión de Trabajo del Senado aprobó esta noche el proyecto de ley de reforma de las pensiones con los 13 votos a favor del PSOE, CiU, Grupo Mixto y Entesa Catalana de Progres, mientras que sólo votaron en contra los 12 senadores del PP y se abstuvo la de Senadores Nacionalistas.
En total se han incorporado 18 enmiendas transaccionales, 9 del PSOE, 10 de CiU, 1 del PP y dos de Senadores Nacionalistas.
Antes de dar su aprobación con competencia legislativa plena, la Comisión rechazó las tres enmiendas de veto presentadas al proyecto de ley de reforma de las pensiones por ERC, ICV y Senadores Nacionalistas.
En nombre del PP Francisco de Borja Benítez dijo que la reforma castiga al ciudadano, porque se van a pagar menos pensiones, más bajas y durante menos tiempo, razón por la que se ha aprobado de forma "clandestina".
Sin embargo, para la senadora Eva Parera (CiU) la reforma es "imprescindible" para hacer frente al reto demográfico y para María Burgués (Entesa Catalana de Progres) moderniza el sistema de pensiones.
En declaraciones posteriores a la votación, María Concepción Gutiérrez (PSOE) explicó que en su paso por el Senado se ha reforzado y profundizado la protección de las mujeres trabajadoras y de los autónomos, así como de las empleadas de hogar.
Entre las enmiendas pactadas también destaca la referida a que con efectos del 1 de enero de 2012 el subsidio por incapacidad temporal, en caso de enfermedad común o accidente no laboral, se abone a partir del noveno día de la baja en el trabajo, estando a cargo del empleador el abono de la prestación desde los días cuarto a octavo.
Vuelta del texto al Congreso
El texto enmendado esta tarde en el Senado debe ahora volver a la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados, donde -también con competencia legislativa plena- se aprobará definitivamente la norma, que el Gobierno ha pactado con la patronal CEOE y los sindicatos CCOO y UGT.
Las principales novedades que se introducen son la elevación en dos años -hasta los 67- de la edad legal de jubilación, el aumento de 15 a 25 años del tiempo que se tiene en cuenta para calcular la prestación y el que habrá que cotizar 37 años -dos más que los actuales- para cobrar el 100% de la pensión contributiva.
En el caso de que se tengan 38 años y seis meses de carrera de cotización el trabajador se podrá seguir jubilándose a los 65.
Además para complementar las cotizaciones se tendrá en cuenta el cuidado de hijos -un máximo de cuatro años- y las becas -dos años-.
Para evitar que el Sistema Público de Empleo costee las prejubilaciones de los trabajadores de 50 años se establece que las empresas con beneficios asuman ese coste de tenerles que pagar.
Otros cambios son que desde el 1 de enero de 2012 las empleadas de hogar empezarán a formar parte del Régimen General de la Seguridad Social y que las viudas sin otras rentas verán elevada la base reguladora de su pensión del 52 al 60 %.
(Noticia extraída de El Mundo)
Toxo apunta que para salir de la crisis hay que aumentar la presión fiscal en España
El líder de CC OO asegura que la solución no están en "desarmar" los ingresos del Estado
El secretario general de CC OO ha dicho hoy que para salir de la crisis hay que aumentar la presión fiscal en España, en vez de "desarmar" los ingresos del Estado como han hecho los gobiernos del PP y del PSOE. En una entrevista en Radio Nacional de España, el máximo líder del sindicato señaló que durante años se pensó que los ingresos generados por la compra de vivienda iban a ser permanentes y se ha demostrado que eso era una falsedad.
Toxo indicó que el Gobierno, al afrontar la crisis, ha sido "más papista que el Papa", porque sólo ha aplicado medidas sobre el gasto para reducir el déficit, "aunque nadie en la UE le ha dicho que eso fuera Lo que tuviera que hacer para lograr esa reducción".
También se mostró partidario de que la dación de la vivienda en caso de impago de una hipoteca, aunque señaló que entiende algunas reservas y efectos retroactivos negativos que habría que evita
(Noticia extraída de El País)
El secretario general de CC OO ha dicho hoy que para salir de la crisis hay que aumentar la presión fiscal en España, en vez de "desarmar" los ingresos del Estado como han hecho los gobiernos del PP y del PSOE. En una entrevista en Radio Nacional de España, el máximo líder del sindicato señaló que durante años se pensó que los ingresos generados por la compra de vivienda iban a ser permanentes y se ha demostrado que eso era una falsedad.
Toxo indicó que el Gobierno, al afrontar la crisis, ha sido "más papista que el Papa", porque sólo ha aplicado medidas sobre el gasto para reducir el déficit, "aunque nadie en la UE le ha dicho que eso fuera Lo que tuviera que hacer para lograr esa reducción".
También se mostró partidario de que la dación de la vivienda en caso de impago de una hipoteca, aunque señaló que entiende algunas reservas y efectos retroactivos negativos que habría que evita
(Noticia extraída de El País)
Las pymes discrepan con el Ejecutivo por la nueva línea ICO a proveedores
El Gobierno ya se ha encontrado con las primeras críticas a la nueva línea ICO para saldar la deuda de sus ayuntamientos con los proveedores. Los empresarios quieren que se dé prioridad a aquellas empresas con mayor volumen de deuda respecto a su facturación, mientras que el criterio elegido por el Ejecutivo es la antigüedad.
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que fue la impulsora de la reforma de la ley de Morosidad y representa a un millón de empresas, aplaude la creación de esa línea de crédito para que las empresas salden la deuda con los proveedores. Sin embargo considera que el volumen destinado (3.400 millones de euros) es "claramente insuficiente" frente a la deuda acumulada por el conjunto de las Administraciones locales, que se eleva, según sus cálculos, a 37.000 millones de euros.
"Estamos de acuerdo en la música, ahora hay que ver la letra", apunta Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma, quien resalta que las primeras empresas que deberían cobrar sus deudas son aquellas que más porcentaje de facturación tienen comprometido en deuda local. "Hay muchas empresas en las que el mantenimiento del empleo e incluso la supervivencia depende casi en exclusiva del cobro de esas facturas", recalca. Un criterio que no ha sido tenido en cuenta, por ahora, ya que el decreto que regula la creación de esa línea fija que el criterio prioritario será el de la antigüedad. "La línea financiera se diseñará de forma que posibilite preferentemente la cancelación de las deudas y pymes, considerando asimismo la antigüedad de las certificaciones o documentos antes citados", recalca el artículo 5 del decreto.
De hecho, Cañete ya se ha puesto en contacto con el ICO para ofrecer toda la información disponible que tiene la plataforma para ordenar a los proveedores con deudas en función de la facturación comprometida. "Esperamos que la propuesta sea bien recibida por el presidente del ICO, José María Ayala, que es un profundo conocedor del sistema financiero", recalca.
Este organismo iniciará este mes una campaña de comunicación a las entidades locales, que deberán aprobar sus peticiones crediticias en sesión plenaria. Las previsiones que maneja Ayala es que los primeros pagos a proveedores se podrían realizar ya en septiembre.
Por su parte, la Federación Española de Autónomos (Ceat) augura que la nueva línea de crédito tendrá tan poco éxito como la puesta en marcha en 2009, que apenas consumió el 5% de los 3.000 millones que se pusieron a disposición de las empresas. "Las obligaciones de pago deberán cumplir con una serie de requisitos que dificultarán la práctica de la línea financiera", resalta Agustín González, director general de Ceat. De este modo, todas las facturas reconocidas (vencidas o liquidadas) y exigibles deben poder justificarse con documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato. Algo ciertamente impensable en los municipios más pequeños, tal y como reconocen fuentes cercanas al ICO, en las que apenas existe un registro oficial de facturas.
Los autónomos también exigen el pago de los intereses de demora de la deuda y que el orden de cobro lo establezca el registro oficial que tenga cada Administración local.
claves para cobrar los atrasos del municipio
¿Cuáles son las características de esa nueva línea de crédito?
La aprobación de la nueva línea de crédito quedó reflejada en un decreto publicado el pasado 7 de julio en el BOE. En el se establece un fondo de 3.400 millones de euros para que los ayuntamientos salden las deudas que mantienen con los proveedores. El Ejecutivo establece como prioridad que las pymes y los autónomos sean los primeros en cobrar las deudas pendientes y que prime la antigüedad de la misma. El pasado jueves, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ya hizo oficial el mandato para que el ICO ponga en marcha esta línea. Los primeros pagos a proveedores están previstos para septiembre.
¿Cuáles son los pasos para reconocer esa deuda?
Cada ayuntamiento debe solicitar la operación de endeudamiento con el ICO antes del 31 de diciembre de 2011. Esa petición debe ser aprobada previamente por el pleno del Ayuntamiento con el informe favorable del organismo interventor. Una vez que el ICO de el visto bueno (para ello debe comprobar que las deudas están conformadas), las empresas recibirán el dinero de una entidad financiera y el ayuntamiento contraerá un crédito que se deberá devolver en un plazo nunca superior a los tres años sin periodos de carencia. El montante para saldar deudas no podrá superar en ningún caso el 25% de las entregas a cuenta (la participación en los ingresos del Estado) de cada municipio.
¿Qué ocurre si los ayuntamientos no devuelven el dinero que les ha prestado el ICO?
El decreto establece que, en caso de impago, el órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda practicará las retenciones oportunas sobre las entregas a cuenta de ese ejercicio o posteriores. También establece la prohibición de endeudarse para acometer nuevas inversiones durante el periodo en el que se estén amortizando los préstamos de la nueva línea.
(Noticia extraída de Cinco Días)
La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que fue la impulsora de la reforma de la ley de Morosidad y representa a un millón de empresas, aplaude la creación de esa línea de crédito para que las empresas salden la deuda con los proveedores. Sin embargo considera que el volumen destinado (3.400 millones de euros) es "claramente insuficiente" frente a la deuda acumulada por el conjunto de las Administraciones locales, que se eleva, según sus cálculos, a 37.000 millones de euros.
"Estamos de acuerdo en la música, ahora hay que ver la letra", apunta Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma, quien resalta que las primeras empresas que deberían cobrar sus deudas son aquellas que más porcentaje de facturación tienen comprometido en deuda local. "Hay muchas empresas en las que el mantenimiento del empleo e incluso la supervivencia depende casi en exclusiva del cobro de esas facturas", recalca. Un criterio que no ha sido tenido en cuenta, por ahora, ya que el decreto que regula la creación de esa línea fija que el criterio prioritario será el de la antigüedad. "La línea financiera se diseñará de forma que posibilite preferentemente la cancelación de las deudas y pymes, considerando asimismo la antigüedad de las certificaciones o documentos antes citados", recalca el artículo 5 del decreto.
De hecho, Cañete ya se ha puesto en contacto con el ICO para ofrecer toda la información disponible que tiene la plataforma para ordenar a los proveedores con deudas en función de la facturación comprometida. "Esperamos que la propuesta sea bien recibida por el presidente del ICO, José María Ayala, que es un profundo conocedor del sistema financiero", recalca.
Este organismo iniciará este mes una campaña de comunicación a las entidades locales, que deberán aprobar sus peticiones crediticias en sesión plenaria. Las previsiones que maneja Ayala es que los primeros pagos a proveedores se podrían realizar ya en septiembre.
Por su parte, la Federación Española de Autónomos (Ceat) augura que la nueva línea de crédito tendrá tan poco éxito como la puesta en marcha en 2009, que apenas consumió el 5% de los 3.000 millones que se pusieron a disposición de las empresas. "Las obligaciones de pago deberán cumplir con una serie de requisitos que dificultarán la práctica de la línea financiera", resalta Agustín González, director general de Ceat. De este modo, todas las facturas reconocidas (vencidas o liquidadas) y exigibles deben poder justificarse con documentos que acrediten la realización parcial o total del contrato. Algo ciertamente impensable en los municipios más pequeños, tal y como reconocen fuentes cercanas al ICO, en las que apenas existe un registro oficial de facturas.
Los autónomos también exigen el pago de los intereses de demora de la deuda y que el orden de cobro lo establezca el registro oficial que tenga cada Administración local.
claves para cobrar los atrasos del municipio
¿Cuáles son las características de esa nueva línea de crédito?
La aprobación de la nueva línea de crédito quedó reflejada en un decreto publicado el pasado 7 de julio en el BOE. En el se establece un fondo de 3.400 millones de euros para que los ayuntamientos salden las deudas que mantienen con los proveedores. El Ejecutivo establece como prioridad que las pymes y los autónomos sean los primeros en cobrar las deudas pendientes y que prime la antigüedad de la misma. El pasado jueves, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ya hizo oficial el mandato para que el ICO ponga en marcha esta línea. Los primeros pagos a proveedores están previstos para septiembre.
¿Cuáles son los pasos para reconocer esa deuda?
Cada ayuntamiento debe solicitar la operación de endeudamiento con el ICO antes del 31 de diciembre de 2011. Esa petición debe ser aprobada previamente por el pleno del Ayuntamiento con el informe favorable del organismo interventor. Una vez que el ICO de el visto bueno (para ello debe comprobar que las deudas están conformadas), las empresas recibirán el dinero de una entidad financiera y el ayuntamiento contraerá un crédito que se deberá devolver en un plazo nunca superior a los tres años sin periodos de carencia. El montante para saldar deudas no podrá superar en ningún caso el 25% de las entregas a cuenta (la participación en los ingresos del Estado) de cada municipio.
¿Qué ocurre si los ayuntamientos no devuelven el dinero que les ha prestado el ICO?
El decreto establece que, en caso de impago, el órgano competente del Ministerio de Economía y Hacienda practicará las retenciones oportunas sobre las entregas a cuenta de ese ejercicio o posteriores. También establece la prohibición de endeudarse para acometer nuevas inversiones durante el periodo en el que se estén amortizando los préstamos de la nueva línea.
(Noticia extraída de Cinco Días)
El Congreso vota hoy un decreto de ayuda para familias que no pueden pagar su hipoteca
El PSOE confía en lograr este jueves en el Congreso los votos necesarios para convalidar el decreto ley que eleva el límite del sueldo que no puede ser embargado por impago de una hipoteca y que incluye una línea ICO de 3.400 millones de euros para los pagos pendientes de los ayuntamientos a pymes y autónomos.
La principal medida del decreto, con la que se pretende ayudar a las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas, fue pactada por PSOE, PP y CIU durante el último debate del estado de la nación.
La norma sube a 961 euros -641 euros del salario mínimo interprofesional más el 50%- el tope del sueldo que no puede ser embargado por impago de una hipoteca, además de limitar los abusos en las subastas de inmuebles.
En este sentido, se incrementa del 50% al 60% del valor de tasación el precio mínimo de un inmueble subastado, al tiempo que reduce el depósito previo necesario para participar en una subasta y obliga a dejar por escrito el compromiso de establecer pujas por internet.
La norma prevé también la creación de una nueva línea ICO dirigida a pagar las facturas que adeudan los entes locales a pymes y autónomos y que están pendientes a 31 de abril de 2011.
Para ello, el ICO dispondrá de 3.400 millones de euros que comenzará a distribuir directamente a los proveedores través de las entidades bancarias colaboradoras, aunque primero se dirigirá a las pymes con menos de 250 empleados.
El plazo que se establecerá del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25% de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirán la garantía final del préstamo.
El decreto contempla asimismo la exención a las familias de la tributación en el IRPF de las plusvalías generadas por la inversión de 25.000 euros al año en empresas.
Además, incluye la modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para fijar un tope al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales, una regla de gasto que el PP ve insuficiente porque cree que debería afectar también a las comunidades autónomas.
De acuerdo con la norma, el límite de gasto se fijará tomando como referencia la evolución durante un periodo de nueve años del PIB nacional en términos nominales, aunque teniendo en cuenta una inflación del 1,75%.
(Noticia extraída de Expansión)
La principal medida del decreto, con la que se pretende ayudar a las familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas, fue pactada por PSOE, PP y CIU durante el último debate del estado de la nación.
La norma sube a 961 euros -641 euros del salario mínimo interprofesional más el 50%- el tope del sueldo que no puede ser embargado por impago de una hipoteca, además de limitar los abusos en las subastas de inmuebles.
En este sentido, se incrementa del 50% al 60% del valor de tasación el precio mínimo de un inmueble subastado, al tiempo que reduce el depósito previo necesario para participar en una subasta y obliga a dejar por escrito el compromiso de establecer pujas por internet.
La norma prevé también la creación de una nueva línea ICO dirigida a pagar las facturas que adeudan los entes locales a pymes y autónomos y que están pendientes a 31 de abril de 2011.
Para ello, el ICO dispondrá de 3.400 millones de euros que comenzará a distribuir directamente a los proveedores través de las entidades bancarias colaboradoras, aunque primero se dirigirá a las pymes con menos de 250 empleados.
El plazo que se establecerá del préstamo al ayuntamiento no podrá superar los tres años, ni el importe del mismo el 25% de la participación de la entidad local en los tributos del Estado, que constituirán la garantía final del préstamo.
El decreto contempla asimismo la exención a las familias de la tributación en el IRPF de las plusvalías generadas por la inversión de 25.000 euros al año en empresas.
Además, incluye la modificación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para fijar un tope al incremento anual del gasto del Estado y de las principales entidades locales, una regla de gasto que el PP ve insuficiente porque cree que debería afectar también a las comunidades autónomas.
De acuerdo con la norma, el límite de gasto se fijará tomando como referencia la evolución durante un periodo de nueve años del PIB nacional en términos nominales, aunque teniendo en cuenta una inflación del 1,75%.
(Noticia extraída de Expansión)
Bankia y Banca Cívica pasan el corte de los test de estrés
Caja España-Caja Duero, cuestionada por los mercados estos días, supera la prueba de esfuerzo europea
Dos de las entidades consideradas clave para la buena marcha de la reestructuración del sistema financiero español, Bankia y Banca Cívica, pasarán el corte de las pruebas de estrés europeas que dará a conocer la Autoridad Bancaria Europea (EBA) mañana, según ha podido saber ABC de fuentes solventes. Las mismas fuentes aseguran que Caja España-Caja Duero, una de las entidades más cuestionadas durante esta semana, también sobrepasa la nota mínima exigida por Bruselas.
Superar el test tanto para Bankia como para Cívica les proporcionará un respiro de cara al otro examen que supone salir a Bolsa. Los dos grupos siguen adelante con su intención de cotizar para recabar la suficiente capitalización y rebasar las exigencias del Banco de España. Ambas obtendrán en la nota definitiva un capital principal (core tier I) igual o superior a un 5%, sin contar con el refuerzo que supondrían las provisiones genéricas, subestándar y/o plusvalías, capital que les proporcionaría un ratio entre uno y dos puntos porcentuales más.
En el caso de Bankia, ese «core» capital se vería incrementado en cerca de 4.100 millones más (de los que 1.700 millones serían subestándar), mientras que en el caso de Banca Cívica, el aprobado lo obtiene a pesar de no poder contar con los 4.414 millones que provisionaron en 2010.
Recordar que, tal y como adelantó ABC, la nota definitiva será el resultado obtenido en un escenario adverso (situación de máximo estrés), a 31 de diciembre de 2012, que incluye medidas mitigadoras reconocidas hasta el 30 de abril de 2011. En el caso español, este ratio contabiliza el apoyo comprometido por el Gobierno a través del real decreto de solvencia de febrero (FROB 2), así como la emisión de bonos convertibles más los planes de reestructuración.
El colchón de CatalunyaCaixa
Mientras, fuentes financieras aseguran que CatalunyaCaixa, una de las entidades españolas que el año pasado no pasó los test de estrés, y que para algunos expertos tampoco lo hará en esta ocasión, sí cuenta con un colchón de cerca de 750 millones de euros como capital adicional que la haría aprobar en el caso de que se pudiera contabilizar. La cantidad se obtendría vía genéricas (cerca de 600 millones de euros) más las plusvalías obtenidas con la desinversión en Repsol, alrededor de 186 millones de euros.
El FROB como solución
En relación a las ayudas requeridas para obtener capital, y según datos de ayer del Banco de España, las cuatro cajas de ahorros (CAM, CatalunyaCaixa, Unnim y Novacaixagalicia) que «requerirán necesariamente algún tipo de ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) representan un 8% de los activos totales del sector bancario».
(Noticia extraída de ABC)
Dos de las entidades consideradas clave para la buena marcha de la reestructuración del sistema financiero español, Bankia y Banca Cívica, pasarán el corte de las pruebas de estrés europeas que dará a conocer la Autoridad Bancaria Europea (EBA) mañana, según ha podido saber ABC de fuentes solventes. Las mismas fuentes aseguran que Caja España-Caja Duero, una de las entidades más cuestionadas durante esta semana, también sobrepasa la nota mínima exigida por Bruselas.
Superar el test tanto para Bankia como para Cívica les proporcionará un respiro de cara al otro examen que supone salir a Bolsa. Los dos grupos siguen adelante con su intención de cotizar para recabar la suficiente capitalización y rebasar las exigencias del Banco de España. Ambas obtendrán en la nota definitiva un capital principal (core tier I) igual o superior a un 5%, sin contar con el refuerzo que supondrían las provisiones genéricas, subestándar y/o plusvalías, capital que les proporcionaría un ratio entre uno y dos puntos porcentuales más.
En el caso de Bankia, ese «core» capital se vería incrementado en cerca de 4.100 millones más (de los que 1.700 millones serían subestándar), mientras que en el caso de Banca Cívica, el aprobado lo obtiene a pesar de no poder contar con los 4.414 millones que provisionaron en 2010.
Recordar que, tal y como adelantó ABC, la nota definitiva será el resultado obtenido en un escenario adverso (situación de máximo estrés), a 31 de diciembre de 2012, que incluye medidas mitigadoras reconocidas hasta el 30 de abril de 2011. En el caso español, este ratio contabiliza el apoyo comprometido por el Gobierno a través del real decreto de solvencia de febrero (FROB 2), así como la emisión de bonos convertibles más los planes de reestructuración.
El colchón de CatalunyaCaixa
Mientras, fuentes financieras aseguran que CatalunyaCaixa, una de las entidades españolas que el año pasado no pasó los test de estrés, y que para algunos expertos tampoco lo hará en esta ocasión, sí cuenta con un colchón de cerca de 750 millones de euros como capital adicional que la haría aprobar en el caso de que se pudiera contabilizar. La cantidad se obtendría vía genéricas (cerca de 600 millones de euros) más las plusvalías obtenidas con la desinversión en Repsol, alrededor de 186 millones de euros.
El FROB como solución
En relación a las ayudas requeridas para obtener capital, y según datos de ayer del Banco de España, las cuatro cajas de ahorros (CAM, CatalunyaCaixa, Unnim y Novacaixagalicia) que «requerirán necesariamente algún tipo de ayuda al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) representan un 8% de los activos totales del sector bancario».
(Noticia extraída de ABC)
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